La consulta previa es el derecho fundamental (CCC, SU-039/97) que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, cada vez que se vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios que puedan afectarles directamente. Mediante este mecanismo se busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica2 y garantizar el derecho a la participación de estas colectividades. En este orden de ideas, la consulta y la participación de los pueblos indígenas, son primordiales para definir la política y la forma como deberá darse aplicación al Convenio núm. 169 de la OIT.

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El principal fundamento del derecho de la consulta previa es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual trata sobre los principales derechos de los pueblos indígenas o tribales (en el caso colombiano, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom); entre ellos, el derecho a ser consultados.